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La IBERO pide a López Obrador derogar el decreto de militarización de México

Ante la militarización ordenada por Andrés Manuel López Obrador, los «Programas de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita» advierten su preocupación frente al Decreto presidencial.

Las entidades Jesuitas conminan a López Obrador y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a derogar el acuerdo mediante el que se sigue militarizando la seguridad pública.

«Se esclarezca detalladamente un plan, donde se asegure la participación de la sociedad civil, la academia y las víctimas, que garantice la labor de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública será extraordinaria, regulada, escalizada, subordinada y complementaria. Además se elabore una estrategia sobre el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública que nalice con el retiro de nitivo de tropas en cinco años».

«La publicación del acuerdo se da en un marco en el que la violencia ha incrementado paulatinamente y en el que la intervención militar no ha tenido buenos resultados: más de 250 mil personas asesinadas y más de 40 mil personas desaparecidas; uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de las fuerzas armadas (índice de letalidad de 1 herido por cada 20 asesinados por la Marina1); 87% de personas detenidas por las Fuerzas Armadas (Ejército o Marina), sufrió tortura o malos tratos durante el arresto; 4 de cada 10 mujeres detenidas por Marinos fueron violadas durante el arresto».

La IBERO recuerda que este lunes 11 previo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo mediante el cual el presidente de los Estados Unidos Mexicanos da continuidad a la militarización de la seguridad pública, que inició con la Reforma Constitucional sobre la Guardia Nacional que se llevó a cabo nales de marzo de 2019.

«El Acuerdo emitido ordena a la Fuerza Armada permanente a participar en las funciones de seguridad pública bajo los parámetros establecidos en el Artículo quinto Transitorio de la reforma sobre la Guardia Nacional. Estos parámetros mencionan que la intervención será de manera extraordinaria, regulada, socializada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional, mientras ésta desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que su participación exceda cinco años».

Además, instruye tanto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana como a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina cubrir la forma en que se complementará la función de la Guardia Nacional menciona que las tareas que realice la Fuerza Armada permanente estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda.

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